Disputa DiGA: dos compañías de seguros de salud firman un acuerdo de cese y desistimiento: consecuencias para las compañías de seguros de salud legales

Disputa DiGA: dos compañías de seguros de salud firman un acuerdo de cese y desistimiento: consecuencias para las compañías de seguros de salud legales

Según un informe de www.fr.de, dos compañías de seguros de salud oficiales, IKK classic y Big Direkt, sufrieron este año consecuencias legales por su comportamiento defensivo en el manejo de recetas DiGA (aplicaciones digitales de salud). La empresa DiGA Aidhere, que había demandado a las compañías de seguros de salud, logró ganar en los tribunales y obtener una orden de cese y desistimiento punible por ley. Esto significa que las compañías de seguros de salud tendrán que pagar una multa si continúan redirigiendo a sus asegurados a aplicaciones distintas a las prescritas por el médico. Aunque esta demanda solo se presentó contra dos compañías de seguros de salud, hay indicios de que otras compañías de seguros también pueden intentar obstaculizar el acceso a los DiGA, pero a través de otros métodos, como solicitar información adicional para retrasar la activación. DiGA Aidhere ya presentó una demanda contra otra compañía de seguros de salud, que se resolvió extrajudicialmente. No está claro si estas violaciones son sistemáticas o se deben al desconocimiento de la nueva ley. Se sospecha que la estructura descentralizada de algunas compañías de seguros de salud podría provocar retrasos en la implementación de nuevos procedimientos. Se destaca que la mayoría de las compañías de seguros de salud cumplen con la normativa.

Estas consecuencias legales para las dos compañías de seguros de salud mencionadas pueden tener un impacto en el mercado y el sector financiero. Por un lado, esto demuestra que se toman en serio los derechos de los pacientes al utilizar DiGA y que esta tecnología se reconoce como una parte importante de la atención sanitaria. Esto podría llevar a que más compañías de seguros de salud cumplan más estrictamente con las regulaciones en el futuro y faciliten el acceso a DiGA, lo que a su vez podría conducir a un aumento en la demanda de estas aplicaciones. Esto permitiría a las empresas que desarrollan y ofrecen DiGA beneficiarse de un mercado más grande.

Por otro lado, la sanción podría suponer cargas económicas para las dos compañías de seguros de enfermedad. Estas sanciones podrían tener un impacto negativo en la posición financiera de las compañías de seguros de salud y potencialmente afectar su capacidad para ofrecer otros beneficios a sus miembros o mantener contribuciones estables. También podría provocar daños a la reputación, ya que las compañías de seguros de salud afectadas podrían ser consideradas poco fiables y no orientadas al paciente.

En general, es positivo que se hayan tomado medidas legales para garantizar que los pacientes tengan pleno acceso a los DiGA. Sin embargo, queda por ver cómo se desarrollará la industria financiera y el mercado y si otras compañías de seguros de salud cumplirán las regulaciones. Es importante que los pacientes sigan conociendo sus derechos y, en caso de duda, puedan emprender acciones legales para garantizar el acceso a las aplicaciones de salud digital que necesitan.