Inversiones sostenibles: ¡brotan ventajas fiscales para las empresas!

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Descubra cómo las empresas pueden aprovechar las ventajas fiscales y aumentar su competitividad a través de inversiones sostenibles.

Inversiones sostenibles: ¡brotan ventajas fiscales para las empresas!

La sostenibilidad se está convirtiendo cada vez más en el centro de atención de las empresas, porque no sólo influye en la imagen de la empresa, sino también en su éxito empresarial. Las inversiones en tecnologías ecológicas y procesos de ahorro de recursos ya no son una política exterior exclusiva, sino que se consideran la clave de la competitividad. Esto informa Corriente de Barnim.

La legislatura promueve este tipo de inversiones sostenibles con incentivos fiscales, pero también impone mayores requisitos de presentación de informes y verificación. La implementación de estas medidas demuestra que la sostenibilidad no es sólo una obligación en la estrategia corporativa, sino también una oportunidad económica.

Incentivos fiscales para inversiones sostenibles

Las empresas pueden solicitar la deducción por inversión según el artículo 7g de la EStG. Esto permite deducir hasta el 50% de los costes de adquisición o producción de determinados bienes muebles para reducir los beneficios. Esto requiere que la inversión se realice en un plazo de tres años y se utilice en un establecimiento permanente nacional. El importe máximo de la deducción es de 200.000 euros por empresa, lo que permite un volumen de inversión de hasta 400.000 euros.

Además, se reintroducirá la depreciación del saldo decreciente para los activos fijos muebles adquiridos entre el 30 de junio de 2025 y el 1 de enero de 2028. Las empresas pueden reclamar hasta un 30% de deducción fiscal, pero un máximo de tres veces la depreciación lineal. También se presta especial atención a la depreciación del turbo de los vehículos eléctricos, lo que crea incentivos para pasar a una movilidad respetuosa con el medio ambiente.

Requisitos de presentación de informes y compromisos de sostenibilidad

Un conjunto de normas de gran alcance se refiere a la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD), que obliga a las empresas más grandes a preparar informes de sostenibilidad completos. Estos informes también deben tener en cuenta aspectos fiscales relevantes, como los subsidios gubernamentales y los precios del CO2. Las empresas que emplean a más de 1.000 personas también deben cumplir con estándares ecológicos y sociales en toda su cadena de suministro, como establece la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro. Las sanciones por violaciones amenazan no sólo en forma de consecuencias legales, sino también en forma de daño a la reputación.

En un contexto más amplio, se hace referencia al desarrollo del impuesto a los envases de plástico implementado en Gran Bretaña y España. Este impuesto afecta no sólo a los envases de alimentos, sino a todos los ámbitos empresariales. La introducción por parte de los respectivos países plantea desafíos para las empresas, especialmente cuando se trata de obtener datos para el cálculo de impuestos. Las empresas deben ser conscientes de que también se enfrentan a la fijación de precios del carbono y de los gases de efecto invernadero.

Otro aspecto importante es la transparencia fiscal y el cumplimiento en materia de sostenibilidad. Las recomendaciones al respecto están respaldadas por las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios de Gobierno Corporativo del G20/OCDE. Estos aseguran que las empresas actúen responsablemente en sus obligaciones tributarias.

El público muestra cada vez más interés por la carga fiscal de las empresas y su contribución a la financiación de la comunidad. Para satisfacer esta necesidad, desde el 1 de enero de 2021 está vigente el estándar GRI 207 para la presentación de informes de transparencia fiscal, que requiere información detallada sobre conceptos y gobernanza tributaria.

Para aprovechar al máximo las ventajas de los negocios sostenibles, se recomienda trabajar en estrecha colaboración con asesores fiscales y expertos en sostenibilidad. Esto permite una estructura fiscal óptima y asegurar ventajas competitivas en un panorama económico que cambia rápidamente, como lo demuestran los hallazgos de ey emerge.